¿Podíamos esperar algo peor que la #leybeingolea o la #leychehade? En realidad si, pero no esperábamos que las insertaran de a pocos.

Hace un par de días se promulgo de sorpresa la ley 30077, la cual se festejo en los medios por quitar beneficios a menores de edad cuando se involucran en delitos o da penas de cárcel cuando reinciden en delitos menores.

Erick Iriarte (Iriartelaw) es entrevistado en La Mula acerca de esta ley, asi como la criminalizacion del uso de bases de datos personales y los huecos que tienen ambas leyes.

http://www.youtube.com/watch?v=WkYinqVpVzE

El proyecto de ley se puede leer aquí.

http://www.slideshare.net/angiejvo/ley-n-30077

Y el estudio de Iriarte hizo un resumen de lo resaltante de esa ley en su web, lo pongo para no alargar el asunto porque me dedicare a dos detalles menores y lo serio ya fue analizado por ellos.

http://iriartelaw.com/Ley-30077

La letra pequeña.

Sin embargo, dos cositas pasaron por alto y son las que vengo a comentar.

La mencionada ley tiene una trampa en la modificación al articulo 230, dando a entender un almacenamiento obligatorio de todo dato de localización generado por los usuarios de telecomunicaciones, independientemente si eres un criminal o no; pero claro, barajando que solo se tocara esa información cuando venga un mandato judicial.

"Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento".

El problema de esta intrusion a la privacidad es que puede ser foco de otros crimenes al tener esos datos personales en manos muy dudosas, como paso con Claro en Chile, Republica Dominicana y peru (El caso Rosendo Arias).

Y el caso peruano es aun mas grave, no solo por tratarse de una “negligencia” (¿han pensado en los falsos positivos?), tambien por estar vinculado al narcotrafico (y el caso tras la demanda quedo en nada sobre la parte narco de la misma). En pocas palabras, esta suerte de vigilancia puede ser un riesgo de exposicion a este tipo de incidentes.

¿Afecta a internet este articulo? No mucho, por algunas imprecisiones existentes (como el caso de las direcciones IP) y la necesidad de pistas que de verdad los hagan chambear. Pero a nivel de telefonía las cosas son mas simples y mas peligrosas, peor tomando en cuenta el antecedente mencionado.

Ademas, en el peru ya se aplicaron metodos de interceptacion contra el crimen que no han necesitado de esta ley, pero que han resultado gracias a una buena aplicación de la legislación existente. Entonces, ¿Para que tanta urgencia de este foco infeccioso?

Nuestro peor problema es la autoridad.

Y en medio de todo esto sale una encuesta (con la duda de siempre al ver quienes son los encuestadores) sobre el nivel de desconfianza de los peruanos con las autoridades. El congreso es obvio que anda jaladazo, pero la policía, la que supuestamente anda persiguiendo a los criminales, la gente ve que camina con ellos en vez de perseguirlos.

Segun el informe publicado por Proetica (sede perucha de Transparency International, a quien la RCP le dedico el vomitivo y franelero informe GISwatch del 2012), ese nivel de desconfianza alcanza el 53%.

Pero claro, hay una gran falta de autocritica pese a todo, especialmente de los medios. Lejos de presionar a una purga, los medios avalan el pacto de corruptos con las autoridades, las mismas que una vez prometieron fusilar a los corruptos.

No se metan con ellas.

Otra cosa que me llama la atencion de esta ley es el ¿Delito por “favorecimiento a la prostitucion” (ojo, esto no es lo mismo que trata de personas)? Buscando a ver si era una cosa nueva o vieja, bueno, hay archivos del 2008 que hacen referencia a esto, aparentemente nada para criticar.

Pero no. Resulta incomprensible que se siga criminalizando un oficio legal con este tipo de artimañas que solo favorecen la clandestinidad y la marginación (la prostitución en si es legal, pero no es legal darle plaza para que se pueda ejercer el oficio, he ahí la contradicción), que así como pasa con las trampas en la ley de transparencia para ocultar la peligrosa actividad en cierto acuerdo comercial, aca tambien hay trampas que ponen a las chicas a merced de los proxenetas (al no tener una plaza donde trabajar) y los extorsionadores, que de vez en cuando lanzan “batidas para la pantalla” para recordar a las chicas quien cobra los cupos. Este es el otro problema de la legislación peruana, la letra pequeña para dejar un hueco al abuso y es por esto que la autoridad se convierte en delincuente.

Me pregunto donde andan las ONG feministas, ya que hablo de este caso particular (como Promsex).